Pistoletazo de salida para el nuevo plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno. El miércoles 10 de agosto empiezan a ser obligatorias las primeras medidas incluidas en el paquete: la regulación del aire acondicionado en el interior de los establecimientos y el apagado durante la noche de la iluminación de edificios públicos y escaparates. En la medianoche del martes al miércoles, varios inmuebles y vitrinas de comercios ya se habían quedado a oscuras. En realidad, el Ejecutivo señaló que el apagado de las tiendas podía dejarse para las diez de la noche del miércoles, pero algunas grandes cadenas y edificios públicos optaron por cumplir escrupulosamente la norma justo cuando indicaba el decreto, siete días después de su publicación en el BOE, el pasado 2 de agosto.
¿Se quedarán todos los edificios a oscuras? Según el decreto, solo los escaparates de tiendas y los inmuebles públicos que a las diez de la noche estén vacíos deberán apagar la luz. Si la actividad sigue, pueden estar encendidos. En cuanto a los edificios públicos, están afectados, por ejemplo, los que dependen de los ayuntamientos; los de la Administración General del Estado ya habían empezado en mayo a racionalizar el uso de su energía. En cambio, la restricción no aplica a monumentos, anuncios luminosos, rótulos o cartelería. Esto significa que la fuente de Cibeles o la Sagrada Familia, las murallas o insignias como la de Schweppes en la Gran Vía de Madrid podrán seguir encendidas pasadas las diez de la noche.
Tampoco se fijan restricciones en el alumbrado público, por razones de seguridad ciudadana, o en la señalización de tráfico. “Lo que hemos incorporado aquí aplica a los edificios, es decir, no aplica iluminación exterior, bien por razones de iluminación de vías, bien por razones ornamentales de lo que no son edificios”, puntualizó la semana pasada la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la aprobación del decreto. Cada grado menos en el termóstato, calcula el Gobierno, supone un ahorro del 7% en el consumo de gas.
El decreto tiene justo ese objetivo: limitar el uso de energía ante una inflación desbocada, agravada por el conflicto en Ucrania y con un riesgo creciente de un corte total en el suministro de gas por parte de Moscú. Y así lo ha pedido Bruselas. A partir del 1 de agosto, los Estados miembros deben reducir de forma voluntaria su consumo medio de gas en un 15% en su conjunto ―un 7% en el caso de España―, una recomendación que se convertirá en obligación si la UE declara una alerta, según establece el reglamento sobre medidas coordinadas para la reducción de la demanda de gas, publicado el lunes en el Diario Oficial de la UE.
Estas medidas de ahorro energético, en realidad, solo son la antesala del plan de contingencia que cada país de la UE deberá presentar a Bruselas en septiembre y en el que se incluirán más propuestas. Pese a ello, la aprobación del decreto ha causado un enorme revuelo político. Las comunidades del PP y sus líderes, incitados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han afeado al Gobierno la falta de comunicación y consenso, y han amenazado con incumplir las nuevas normas.
Regulación de la temperatura
Mientras tanto, los locales climatizados deberán regular su aire acondicionado a partir de este miércoles: la temperatura no podrá ser inferior a los 27 grados en verano y la calefacción superior a los 19 grados en invierno. Deberán cumplir con esta norma los locales comerciales como tiendas, supermercados, centros comerciales o grandes almacenes, así como los inmuebles que tengan uso administrativo, por ejemplo oficinas o centros de la Administración. La nueva regla también afecta a establecimientos culturales y recreativos (cines, teatros, museos y similares) y a los destinados al transporte de personas, como estaciones y aeropuertos ―pero no el interior del medio de transporte, como aviones o trenes―.
Quedan fuera hogares e industria, los centros de formación y sanitarios/hospitalarios, las peluquerías, gimnasios, lavanderías y las habitaciones de los hoteles, además de todos aquellos lugares donde no sea posible respetar los umbrales establecidos en el plan por razones laborales o especificidades del sector. De hecho, no es lo mismo trabajar en una oficina que en la cocina de un restaurante. El mismo decreto señala que sobre el plan prevalece la normativa de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, que fija una temperatura de entre 17 y 27 grados en locales donde se realicen trabajos sedentarios; y de entre 14 y 25 grados en caso de trabajos ligeros. Por esta razón, bares, restaurantes y cafeterías podrán regular el aire acondicionado a una temperatura algo inferior a la señalada por el decreto.
El plan prevé también otras medidas, pero da un mayor plazo para adecuarse a ellas. Para el 30 de septiembre, los edificios deberán instalar un sistema de cierre de las puertas que dan a la calle; para el 2 de septiembre tendrán que exponer carteles o pantallas que informen sobre las nuevas medidas de ahorro. Además, se pide adelantar la inspección de eficiencia energética, antes de que acabe el año, a aquellos edificios que hayan realizado la anterior antes del 1 de enero de 2021. La vigencia de estas medidas irá más allá del otoño, que se prevé complicado: salvo el cierre de puertas, que no tiene fecha de finalización, se deberán aplicar hasta noviembre de 2023.
Sanciones y vigilancia
El plan no incluye ningún régimen sancionador específico, otro aspecto que se ha convertido en fuente de críticas por parte del PP. El decreto remite al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que a su vez hace referencia a la Ley de Industria de 1992. Esta establece multas de entre 60.000 euros para las infracciones leves hasta los 100 millones para las muy graves. Es muy probable que los castigos por incumplir con el plan de ahorro sean como mucho asimilables a una sanción leve, ya que las graves y muy graves se refieren a peligros y daños para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el medio ambiente o que pongan en riesgo la seguridad.
Las comunidades, que son las encargadas de vigilar, y en su caso sancionar, ya han avisado de que tendrán dificultades para llevar a cabo las inspecciones. Ribera, por su parte, insiste en que habrá flexibilidad en la aplicación de las medidas y que el objetivo no es “sancionar”, sino “encauzar”. “Por lo tanto, tenemos que darnos un margen, claro que debemos estar todos vigilantes y reforzar la idea de que las normas están para cumplirlas”, dijo el martes en una entrevista. No obstante, advirtió de que si, pasado un tiempo, las administraciones competentes no hacen respetar las reglas, “probablemente lo que corresponde es un conflicto negativo de competencias”. “Creo que cualquier Gobierno responsable sabe que las normas están para aplicarlas y se evitará la insumisión”, subrayó.
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