El Gobierno incentiva la reducción de CO₂ con una mejora en los Certificados de Ahorro Energético

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una resolución que permitirá incrementar el valor de los Certificados de Ahorro Energético (CAE) en aquellas actuaciones que reduzcan intensivamente las emisiones de CO₂, una medida especialmente beneficiosa para el sector industrial.

La normativa establece un procedimiento para aplicar un coeficiente de corrección a las iniciativas que logren una disminución significativa de emisiones. Con ello, se busca fomentar la inversión en tecnologías más sostenibles dentro de la industria y el transporte.

Según el texto publicado, hasta el 15 % de los CAE otorgados en un mismo ejercicio podrán beneficiarse de este coeficiente multiplicador, aplicándose en el año en que se emita el certificado correspondiente.

Impacto económico

El incentivo podría traducirse en un importante beneficio financiero para las empresas. Por ejemplo, una compañía que implemente una medida de eficiencia energética capaz de reducir 200.000 toneladas equivalentes (teq) de CO₂ al año y disminuir su consumo en 200 gigavatios hora (GWh) anuales podría recibir alrededor de 50 millones de euros, considerando un precio de venta de los CAE de 100 euros por megavatio hora (MWh).

El Sistema de CAE se ha aplicado por primera vez en 2024, certificando más de 600 actuaciones que han permitido un ahorro superior a los 1.800 GWh, lo que equivale a más de 300 millones de euros en aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE). Este año, el valor financiero de los CAE se ha fijado en 182 euros/MWh.

Aplicación del coeficiente de corrección

El coeficiente de corrección se aplicará exclusivamente dentro del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (SNOEE) en el período 2021-2030 y para los ahorros certificados conforme al Real Decreto 36/2023.

La resolución establece que el límite máximo de CAE que podrán acogerse a esta medida será del 15 % de las obligaciones totales de los sujetos obligados. Además, las solicitudes se procesarán siguiendo un criterio de prelación temporal, en función de la fecha de presentación de la consulta voluntaria previa o la solicitud de emisión del certificado.

Para más información, los interesados pueden consultar la Resolución de 11 de diciembre de 2024 en el BOE.